Shell vendió millones de créditos de carbono que nunca fue capturado, dice Greenpeace

En virtud de un acuerdo con el gobierno de la provincia de Alberta, Shell recibió el valor de dos toneladas en créditos de reducción de emisiones por cada tonelada de carbono que realmente capturó y almacenó bajo tierra en su planta Quest, cerca de Edmonton.

Esto tuvo lugar entre 2015 y 2021 a través de un programa de subsidios para proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono, CCUS por sus siglas en inglés,

Esos proyectos son defendidos por el sector del petróleo y el gas como una forma de reducir sus emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero.

En ese momento, la planta Quest era la única instalación CCUS que operaba en Alberta. El programa de subvenciones finalizó en 2022.

Durante este período, Shell pudo vender 5,7 millones de toneladas de lo que Greenpeace describe como créditos fantasmas, generando más de 200 millones de dólares para la petrolera. Estos créditos se vendieron a otras empresas que explotan las arenas bituminosas en el mercado de carbono de Alberta, sostiene Greenpeace.

Tales ventas no habrían sido ilegales, pero equivalían a un subsidio oculto dentro del programa, lo que socavaba la eficacia de la fijación de precios del carbono industrial, explicó Keith Stewart, estratega energético senior de Greenpeace y autor del informe.

Los proyectos de captura de carbono que se han anunciado como una solución a la contaminación en las arenas bituminosas han sido financiados casi en su totalidad por la población.

La transnacional petrolera Shell recibió 777 millones de dólares de los gobiernos federal y provincial y 406 millones de dólares en ingresos por compensaciones de carbono, según registros de la empresa citados por Greenpeace.

En total, los contribuyentes canadienses han financiado el 93 por ciento de los costos del proyecto Quest de Shell hasta la fecha, dijo Greenpeace.

Desde 2015, el proyecto Quest ha almacenado nueve millones de toneladas de CO2, uno de los contaminantes causantes del calentamiento global. En comparación, las emisiones del sector del petróleo y el gas totalizaron poco más de 158 millones de toneladas en 2022, según los datos federales más recientes disponibles.

El informe de Greenpeace "es una difamación"

Las compensaciones de carbono se compran y venden bajo un sistema de negociación, en el que los gobiernos ponen un precio a las emisiones de dióxido de carbono para obligar a las empresas a luchar contra el cambio climático.

Desde 2007, Alberta cuenta con un sistema obligatorio de compensación de carbono para los grandes emisores, como las empresas del sector de los combustibles fósiles. Si producen más de los niveles de dióxido de carbono asignados, deben comprar créditos para compensar esas emisiones.

Ryan Fournier, portavoz de la ministra de Medioambiente de Alberta, Rebecca Schulz, dijo que el informe es un trabajo difamatorio de Greenpeace.

Fournier reconoció en un correo electrónico que el gobierno de Alberta había ofrecido previamente créditos importantes para ayudar a acelerar el desarrollo de CCUS, pero describió ese programa como un incentivo específico para ayudar a impulsar las inversiones en proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono en un momento en que todavía era una tecnología no probada.

La planta de almacenamiento de carbono Quest, operada por Shell Canadá, es propiedad de las petroleras Canadian Natural Resources, Chevron y Shell Canada.

En respuesta al informe, el portavoz de Shell Canadá, Stephen Doolan, dijo que la tecnología de captura de carbono es fundamental para lograr los objetivos climáticos internacionales.

Añadió que como resultado de marcos fiscales y regulatorios innovadores, se han capturado nueve millones de toneladas de CO2 en las instalaciones Quest de Shell que de otro modo se habrían sido liberados en la atmósfera.

Ni la provincia ni Shell negaron la venta de los créditos extra.

Más tarde, Doolan añadió que el incentivo había sido previamente anunciado públicamente por el gobierno de Alberta y que estaba vigente sólo hasta que los costos del proyecto alcancen un punto de equilibrio.

La gran dependencia de los subsidios

Pierre-Olivier Pineau, profesor e investigador de política energética en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal, dijo que el informe de Greenpeace ilustra un problema subyacente clave para la captura y almacenamiento de carbono: el entorno económico aún no está listo para convertir esas actividades en negocios sólidos.

Tiene que depender de subsidios, lo que se vuelve problemático porque el gobierno acaba justamente subsidiando a los contaminadores, dijo, agregando que esto también muestra la necesidad de establecer un precio más alto para el carbono.

Los proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono sólo pueden incentivarse correctamente mediante el establecimiento de una penalización más alta sobre las emisiones de carbono.

A falta de un precio suficientemente alto, Pineau dijo que los proyectos CCUS acabarán siendo cancelados porque no son tan rentables como arrojar CO2 directamente a la atmósfera, a menos que, como en el caso de Shell, su captura sea altamente subsidiada, dijo.

La semana pasada, la empresa Capital Power Corp., con sede en Edmonton, anunció que abandonará los planes para construir un proyecto de captura y almacenamiento de carbono de un valor de 2.400 millones de dólares en su central eléctrica de gas natural Genesee, al suroeste de Edmonton.

En esa instalación se habrían capturado hasta tres millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

Pathways Alliance, un consorcio de las mayores empresas petroleras que explotan las altamente contaminantes arenas bituminosas de Canadá, todavía está tratando de seguir adelante con un proyecto de oleoducto de captura de carbono que costará unos 16.500 millones de dólares, pero quiere que alrededor de dos tercios de esa suma sean cubiertas por subsidios.

Buscando lagunas

Los datos federales publicados la semana pasada encontraron que Alberta se encuentra atrasada en comparación con otras provincias en términos de reducción de emisiones, y con su sector de gas y petróleo que sigue siendo el mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Carolyn Svonkin, portavoz del ministro federal de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, dijo que el sector del petróleo y el gas necesita avanzar para lograr reducciones en las emisiones absolutas.

Es hora de que el sector de los combustibles fósiles gaste dinero y ponga en marcha soluciones que reduzcan la contaminación causada por el carbono, lo que en última instancia fortalecerá la competitividad a largo plazo del sector.

En referencia al informe de Greenpeace, Svonkin señaló que el gobierno federal actualizó su punto de referencia nacional de precios del carbono en 2021 para garantizar que todos los sistemas de precios a nivel provincial y territorial sean comparables en términos de rigor y eficacia.

Esto puso fin a procesos que podrían haber recompensado a la industria por reducciones de emisiones que no son reales, señaló el comunicado.

Se espera que el gobierno federal anuncie detalles sobre su límite de emisiones a ser impuesto al sector del petróleo y el gas en los próximos meses.

Keith Stewart, estratega energético senior de Greenpeace, dijo que quiere asegurarse de que no haya lagunas jurídicas similares incorporadas de manera oscura que socaven la efectividad de la política en la lucha por reducir las emisiones contaminantes de carbono producidas por el sector petrolero canadiense.

Fuente: CBC / B. Shingler

Adaptación: RCI / R. Valencia